Tras un conflicto que duró más de tres años, los creadores de League of Legends arribaron a un acuerdo con sus demandantes por casos de discriminación laboral y de género ocurridas en la empresa.
La suma totalizaría 100 millones de dólares que se van a destinar a compensar los daños sufridos por las víctimas y las costas del procedimiento, sin mencionar el compromiso de Riot Games a implementar medidas tendientes a generar un ámbito de igualdad en sus instalaciones.
Hechos
El conflicto de Riot Games se dio a conocer por mediados de 2018, cuando Kotaku habló con 28 ex y actuales trabajadores de la empresa desarrolladora, quienes declararon la existencia de hechos de discriminación hacia las mujeres que trabajan y trabajaron allí.
Entre las situaciones descritas, se mencionó que las ideas de las mujeres son sistemáticamente pasadas por alto, mientras que las mismas ideas, pero propuestas por hombres son aceptadas e incluso implementadas, o bien ha sucedido que se capacitara a una empleada para un cargo jerárquico sólo para que el mismo luego sea ocupado por un empleado masculino recientemente contratado.
En noviembre de ese mismo año se formalizó una denuncia por parte Melanie McCracken y Jess Negrón (ahora ex empleadas de Riot Games) por discriminación, acoso y maltratos.
Al igual que ocurre actualmente con el caso de Activision Blizzard, intervino el Department of Fair Employment and Housing (DFEH, Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda) de California. En 2019, cuando Riot Games había ofrecido la suma de 10 millones de dólares para cerrar un acuerdo con las demandantes, la DFEH lo bloqueó, interponiendo una demanda ante la Corte y aduciendo que las víctimas del caso merecían una compensación mayor, exigiendo que la suma para llegar a un trato debía ascender a los 400 millones de dólares.
La toma de acciones de parte de la DFEH fue importante no sólo por exigir una suma mayor para lograr un acuerdo, sino porque abarcó a la California Division of Labor Standards Enforcement (DLSE, División de Cumplimiento de Normas Laborales de California) y consideró víctimas de estos hechos a todas las empleadas de Riot Games identificadas como mujeres que hubiesen trabajado para la empresa entre noviembre de 2014 y la actualidad y, por ende, considerándose que les correspondería una parte de la compensación. El total de mujeres que entrarían en esa consideración serían unas 2300, transformando el caso en una demanda colectiva.
El acuerdo
Tras un largo tiempo de acusaciones de incumplimiento en la proporción de documentación para la investigación del caso, cambios de letrados y otros cargos más añadidos eventualmente (como la demanda de parte de la ex asistente de Nicolo Laurent, CEO de Riot, por discriminación y maltrato laboral), se arribó al acuerdo anunciado por un total de 100 millones de dólares, una cifra que si bien no llega a lo exigido por la DFEH al interponer su demanda, sí significa un notorio aumento respecto de los 10 millones a los que se habría acordado dos años antes.
Según lo indicado, 80 millones de dólares serían destinados de forma directa como compensación por daños a las víctimas de los hechos, mientras que los 20 millones restantes cubrirían las costas del proceso.
Asimismo, el acuerdo no se limita a cuestiones estrictamente económicas ni de compensación, sino que Riot Games debe cumplir con ciertas indicaciones y tomar medidas tendientes a la igualdad de género, no discriminación y la igualdad de oportunidades.
No menos relevante al caso, Riot Games va a ser controlado por los siguientes tres años por un órgano de control externo que se va encargar de supervisar las quejas de los recursos humanos de la empresa y la forma en que la misma trata los casos, así como de realizar un control sobre los pagos de salarios, con el fin de verificar si los mismos son realizados de forma equitativa independientemente del género del trabajador.
El órgano de control (que bien podría ser un individuo) debe ser aceptado tanto por la DFEH como por la propia Riot Games, y de considerarlo necesario, el controlador puede sugerir cambios o medidas tendientes a la mejora de las prácticas laborales dentro de la empresa.
Un antecedente más
El cambio de perspectiva en la forma de trabajar de las compañías desarrolladoras grandes está empezando a notarse, y se está haciendo a base de unión para contrarrestar ese poder que tiene un empleador con mucha caja respecto a un empleado como simple individuo, que claramente tiene todas las de perder si tiene la intención de hacer frente a estos problemas de manera solitaria.
La jurisprudencia está jugando a favor de no sólo las mujeres trabajadoras, sino de todos en general, ya que brindar un marco de igualdad y que no deje en una libertad absoluta al empleador en el modo de manejarse con sus empleados tiende a mejores condiciones a futuro de la clase trabajadora.
Hoy se habla de medidas de control, de regulaciones, de igualdad en el trato y en el salario, y hasta de la formación de sindicatos, algo sumamente resistido y casi impensado hasta hace no tanto.
Las cosas parecen ir hacia mejor.
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