Mucho hablamos durante 2019 sobre la Ley de Economía del Conocimiento y los beneficios que podía darle a la industria de videojuegos nacional, hasta que a diez días de las elecciones presidenciales (el 17 de octubre de ese año) se terminó aprobando. Pero estamos en Argentina y los cambios de gobierno suelen venir acompañados de giros de timón bruscos. Es por eso que apenas asumió Alberto Fernandez, la ley se frenó y quedó agendada para una revisión.
Luego de un año completo marcado por la pandemia, el boletín oficial del 21 de diciembre nos sorprendió confirmando la aprobación de la nueva versión, que viene acompañada de una buena noticia que no estaba en los planes de nadie: la eliminación del pago de derechos de exportación.
«Es un buen agregado a la reglamentación de la ley, porque la verdad que no se incluía y se agregó en el decreto reglamentario. La gran ventaja es que al reducir la carga tributaria hace más competitivas las exportaciones de empresas argentinas de videojuegos», dice Lucas Barreiros, consultor de ADVA.
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El decreto y reglamentación del pasado 21 de diciembre, esta nueva Ley de Economía del Conocimiento promueve la profesionalización brindando incentivos para que las empresas adopten procesos de mejoras continuas y, en contraposición con la aprobada durante el macrismo, pide requisitos menos exigentes para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Según le cuentan a Press Over, la versión anterior tenía un costo fiscal alto y favorecía demasiado a empresas muy grandes, como Globant o Mercado Libre. Con la actual querían asegurarse que no fuera una ayuda de más y regular quién podía entrar a los beneficios, ya que había algunos baches. La eliminación de retenciones por decreto, si bien beneficia a pocos porque no hay muchas empresas de videojuegos nacionales que recauden más de 600 mil dólares anuales, sería una buena noticia y un paso en la dirección correcta.
El ex presidente de ADVA, Secretario General desde el 1 de enero, también se mostró optimista con los cambios que sufrió la ley. «Esta incorporación da a entender una necesidad por atraer inversiones, quitando lo que era algo medio ambiguo, ya que retenerle dinero a un sector que querés fomentar no tenía sentido», afirmó Mauricio Navajas. El eje, evidentemente, es el de generar certidumbre. Y la quita de retenciones, según nos dice también Navajas, tiene mucho más que ver con el core de la ley, que es el de fomentar la exportación, el talento y la mano de obra calificada.

Luego, obviamente, todo dependerá de cómo acompañe la macroeconomía. «Estas son políticas que hay que continuar, porque entendemos que es una de las vías de salida que tiene el país para generar divisas», cierra Mauricio.
Sin embargo, el actual presidente de ADVA, Mariano Obeid, si bien es optimista respecto al lugar de la industria de videojuegos dentro de la Ley de Economía del Conocimiento y a las empresas beneficiadas, entiende que el problema principas no se solucionan: la poca competitividad laboral.
«Hoy un freelancer cobra 1000 dólares por mes en paypal, algo impagable para nosotros. Personas que no tributan porque no les importa tener aportes para una jubilación y un sistema de salud que no les sirve para nada. Por ende, las empresas nacionales tenemos que salir a competir en esa realidad del mercado laboral, por la disparidad cambiaria. Y para colmo, cuando querés comprar tecnología la tenes que pagar a un dólar de 350, por lo que terminas comprando lo que encontramos y podemos, no lo que necesitamos», afirma Obeid, CEO del estudio santafesino Killabunnies.

Entonces, la conclusión sería que esta nueva Ley de Economía del Conocimiento viene a hacer más fácil el ingreso a los beneficios para las pymes, a regular bien quién entra a los mismos, a no brindarles extras a empresas gigantes que no necesitan, y a fomentar la profesionalización del sector brindando incentivos para que las empresas adopten procesos de mejoramiento continuo, certificaciones de calidad, capacitación para empleados, investigación, etc.
Lamentablemente, a hoy 4 de enero de 2021, todavía no está disponible la inscripción a los beneficios impositivos porque falta la reglamentación de la autoridad de aplicación del Ministerio de Desarrollo Productivo. Pero, según pudimos averiguar, es cuestión de algunos días para que eso suceda.