Hace exactamente un mes te contamos que Mauricio Macri se había reunido con socios de ADVA con el fin de escuchar las problemáticas del sector videojuegos. Y hoy, tras una gestión de varios meses, la industria que más amamos pasó a formar parte de la Ley del Conocimiento.
La misma será enviada durante la jornada a la Cámara de Diputados de la Nación y viene a reemplazar la Ley de Software. Pero vos que estás del otro lado y no cazas una de leyes y burocracia, te debes estar preguntando: «¿y esto es que va a terminar beneficiando a los videojuegos argentinos?» Te cuento.
El 95% de los juegos que hacen empresas, pymes o individuos, se exportan. Obviamente, no son un producto como cualquier otro, no se crea para venderlo en el barrio. Por lo que se publican en tiendas de distribución digitales (Steam, PlayStation Network, Xbox Live, etc) que se quedan con su porcentaje, que en general ronda por el 30%.
Así que ya, desde el vamos, al desarrollador se queda con un 70% de la venta de su juego. Pero la cosa no queda ahí, porque Estados Unidos, país en el que las tiendas digitales tienen su jurisdicción, se te queda con otro 21% (el 30% por sobre el 70 que restaba). Por lo que, al final de todo, los creadores se quedan con el 49% de la venta.
Sin embargo, gracias a la gestión de ADVA para entrar en la Ley del Conocimiento, Videojuegos podría tomar esas retenciones para pagar impuesto a las ganancias. Una forma de recuperar eso que hasta el momento se pierde y de evitar los engorrosos y complicados convenios de doble imposición entre países.
El mes pasado, cuando había sido la reunión con Macri te habíamos contado que se había hablado sobre la posibilidad de estos convenios que, en criollo, serían algo así como acuerdos con cada uno de los países que se quedan con ese 21%. Pero, por lo que parece, la Ley del Conocimiento arreglaría el tema sin necesidad de llegar a eso.
«Es una ley muy moderna e importante para videojuegos, ya que suma la posibilidad de excluir la doble imposición, disminuye ganancias y nos da estabilidad fiscal (permitiendo que los futuros cambios no modifiquen los impuestos). Además, incluye a las micro-pymes, que teniendo una antigüedad menor a tres años y acreditando que el 70% de su facturación proviene de actividades promovidas dentro de la industria del conocimiento, pasan a ser beneficiados también. Disminuyendo la burocracia que existía con la Ley de Software», nos contó Maurio Navajas, Presidente de ADVA.
